Reclamar facturas impagadas a la Administración

El artículo 216. 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público prevé la obligación de la Administración de abonar el precio del contrato dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, debiendo abonar al contratista, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

         El plazo de 30 días del que hablábamos antes, empieza a contar desde que el contratista ha cumplido su obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. En el caso en que el contratista incumpla ese plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

         Y qué pasa si la Administración tarda más de 4 ó 6 meses en pagar?
         Si la demora es superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión.

Y si el retraso de la Administración es superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

Ahora bien, pese a que la legislación actual establece unos plazos máximos de cobro, suele ser usual que estos no se cumplan. Por ello, se han articulado medidas para que el contratista deudor de la Administración Pública pueda exigir el pago de las cantidades adeudadas. El Texto Refundido de la Ley Contratos ofrece dicha solución en su artículo 217 al señalar que:

“Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro”.

Entonces, qué debe hacer una entidad deudora de la Administración?

1º-. Una vez ha transcurrido el plazo de treinta días del que dispone la Administración para pagar, el contratista dirigirá un escrito solicitando el cumplimiento de la obligación de pago.

Si la Administración en el plazo de un mes, contado desde la presentación del escrito en el correspondiente registro, no contesta, se entenderá reconocido el vencimiento del pago.

2º.- Reconocido dicho vencimiento del pago, el deudor puede interponer recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración en el plazo de un mes.

Aquí, puede solicitarse como medida cautelar el pago inmediato de la deuda, que se concederá salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía no es tal, en cuyo caso el pago se limitará a la cantidad no controvertida.

Por último, hay que señalar que, si el recurso contencioso es estimado en su totalidad, la imposición de costas a la Administración es automática.

Un ejemplo lo encontramos en la Sentencia núm. 2200/2013 de 17 diciembre, del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo), en la que se acordó como medida cautelar el pago inmediato por el Ayuntamiento a la entidad contratista de 1.471.810,04 euros, en el plazo máximo de un mes.

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